lunes, 6 de abril de 2009

Venezuela: Oro y Ecocidio

Con complicidad entusiasta del Estado y participación de transnacionales mineras de Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y Sudáfrica, está en marcha en Venezuela una campaña para impulsar la pronta explotación de una riqueza aurífera que, según sus promotores y beneficiarios, sería la confirmación de aquel fabuloso El Dorado que en el Siglo XVI buscaron con rapacidad los europeos en estas tierras. Se habla de entre 8 mil y 12 mil toneladas de reservas probables, lo que significaría un 10 % del stock mundial, con valor actual de mercado por 140 mil millones de dólares. Por si fuera poco, supuestamente sería mineral de alto tenor, con rendimientos de 8, 12 y hasta 16 gramos de oro por cada tonelada de material procesado, lo que se compara muy favorablemente con la producción de las vetas sudafricanas que dan en promedio 4 gramos por tonelada. Así que no es de extrañar que se haya desatado una "fiebre del oro", incentivada además por el pretexto de que esta riqueza seria una solución a las graves dificultades económicas por las que pasa el país desde la década previa.

Antes de 1991, la extracción de oro en gran escala era potestad del Estado, que no se ocupaba mucho de ello pues el petróleo le resultaba mas rentable, manteniendo una modesta producción en las viejas vetas de El Callao que nunca paso de 12 toneladas anuales y permitiendo a la pequeña minería artesanal extraer unas pocas toneladas de oro en aluvión. Pero a partir de esa fecha y en conexión al programa económico neoliberal, se abrió un proceso de cesión de grandes y medianos contratos para explotación aurífera, que hasta 1994 había otorgado 436 concesiones, por una superficie de 1.283.882 hectáreas, casi 12.839 kms.\2, siendo el área que finalmente se entregara a los operadores mineros de unos 30.000 kms.\2 (apenas algo menos que la superficie de Bélgica o Cataluña y un poco mas que la región andina venezolana). Voceros oficiales y privados hablan de una producción que para el año 2000 estará entre las 40 a 60 toneladas, convirtiendo al país en uno de los máximos proveedores mundiales, dando empleo a 120.000 personas e ingresos a la nación de 250 millones de dólares anuales. Se anuncia para 1996 el inicio de actividades de la primera de las nuevas grandes minas (Las Cristinas, en el Estado Bolívar, operada por la Placer Dome de Canadá), de donde saldrán 300.000 onzas de oro al año -9,331 toneladas-.

Pero la prometida bonanza plantea un enorme problema ecológico: la minería aurífera solo es posible al sur del río Orinoco, en la vasta región de Guayana, la cual como el resto de la Amazonia presenta características únicas de biodiversidad cuya preservación es imprescindible y donde la intervención humana debe ser cuidadosa en alto grado por tratarse del entorno con la mayor riqueza natural del planeta, que hace de Venezuela el cuarto país del mundo en lo que a diversidad biológica se refiere. Guayana comprende 44% del territorio venezolano (403.750 kms.\2, Estados Amazonas y Bolívar), y solo 5,5 % de la población (1.200.000 habitantes), concentrados casi todos en una pequeña área cercana al Orinoco, siendo el resto un espacio que se ha mantenido relativamente libre de la masiva intervención depredadora del Estado y el capitalismo. El potencial minero de Guayana (oro, diamantes, bauxita, hierro, minerales radioactivos, titanio etc.) hace tiempo es conocido y explotado, pero los ámbitos donde se localizaron estas actividades, el modo de hacerlas y su impacto en el ecosistema apenas había afectado esas amplias extensiones, aunque los desastres ambientales por obra de la acción de pequeños mineros, tecnócratas estatales y terratenientes ya han hecho mella en varios puntos de la región.

Ahora, con el nuevo espejismo áureo, el riesgo se hace aun mayor y lo que estamos viendo así lo confirma. Allí está el mismo proceso de otorgamiento de concesiones que, como cabe esperar en el Estado venezolano, se ha visto marcado por toda clase de corruptelas y vicios, cuyos mejores exponentes han sido los sucesivos presidentes de la Corporación Venezolana de Guayana y los ministros de Energía y Minas (en especial el actual, Erwin Arrieta, también flamante Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo), acusados de figurar directamente o a través de testaferros entre los principales receptores de permisos de explotación, los cuales luego son traspasados a las transnacionales interesadas a cambio de jugosas comisiones. Este codicioso reparto llego a incluir áreas que están expresamente prohibidas por ley como el Parque Nacional Canaima (en el cual se localizan las extraordinarias formaciones geológicas llamadas "tepui" y la cascada más grande del mundo, el Churún Merú o Salto Angel), donde se entregaron 18 contratos sobre 5.000 hectáreas al norte del Parque. También han sido afectadas la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar, asiento de las cabeceras de la mayoría de los ríos mas caudalosos del país, y la Reserva Forestal de Imataca, donde a pesar del palabrerío burocrático sobre conservación de la naturaleza se realiza el 40% de la actividad minera del Estado Bolívar. En cuanto al Estado Amazonas, la voracidad minera está presionando con fuerza para que se anule la prohibición de realizar allí sus actividades, la cual en la práctica es cada vez mas pura letra muerta.

Debe destacarse el impacto fatal que el "boom" minero tiene para la población indígena de Guayana, estimada en unas 80.000 personas de las etnias pemón, yanomami, piaroa, guahibo, yekwana y otros 17 grupos más (25% de la población aborigen del país y 88% de sus etnias autóctonas). Para ellos, ocupantes milenarios y perfectamente integrados de ese frágil entorno ambiental, toda acción ecocida es un directo ataque genocida, de lo cual hay una larga historia que en los últimos años se ha agudizado por la renovada presencia agresiva de los pequeños mineros (llamados en Brasil "garimpeiros"), quienes son punta de lanza en la ocupación de territorio y explotación de riquezas de las que otros mas poderosos serán luego principales beneficiarios. Se calcula que hay unos 30.000 en la región y su actividad destructora va desde el envenenamiento de ríos y suelos con mercurio (solo en la cuenca del Caroní se estarían arrojando al año 3.000 kgs. de este metal tan tóxico, usado para separar el oro de otros minerales), pasando por la contaminación de las aguas con la remoción de sedimentos (el mismo rio Caroní tenía en 1982 un volumen medido corriente abajo de sedimentos arrastrados de 4.500 toneladas/día, en 1995 es de 10.500 toneladas/día), hasta llegar a los asesinatos y violaciones masivas de indígenas.

Con calculada hipocresía, los defensores de la gran minería transnacional pretenden desmarcarse de los toscos desmanes de los "garimpeiros" argumentando que promueven una explotación "mas racional y ecológicamente sustentable(¡!)", pero no existe ninguna experiencia de minería a cielo abierto en áreas de bosque tropical húmedo donde la intervención sobre los suelos no ocasionara un daño irreparable, y no hay un solo trabajo científico publicado que demuestre lo que afirman las empresas mineras. De hecho, la tecnología que van a usar Cristalex, Yellow Jack, Monarch o Placer Dome es la misma que usan en países no tropicales, lo cual se sumara a la actitud complaciente de supervisión de riesgos ambientales que de seguro tendrá el Estado para "no preocupar a los inversionistas extranjeros", originando lo que no dudamos en calificar como el peligro mas grande que haya tenido que afrontar la ecología de Guayana. Que esto no es exageración se comprobó el 19 de agosto de 1995 al derramarse millón y medio de litros de desechos de cianuro en los rios Omai y Esequibo de la vecina república de Guyana, como resultado de las actividades de una filial de transnacionales del oro de Canadá y EE. UU., causando el peor desastre ecológico ocurrido en esa nación.

Además, las exigencias de rentabilidad para que estas compañías operen presionan de tal modo que el Estado no solo está cediendo a sus demandas sobre reducción de impuestos, exportación de beneficios y legislación ambiental a la medida, sino que además se propone garantizarles toda clase de "ventajas comparativas" (suministro barato de energía, comunicaciones, obras publicas diversas, etc.), sin olvidar lo que disimuladamente reclaman respecto a la sobre-explotación de la mano de obra, donde su historia en Sudáfrica, Brasil o República Dominicana es un funesto aviso de lo que espera a los trabajadores. De esta manera, terminaran haciéndose humo los supuestos ingresos cuantiosos que la nación recibirá de su quimera dorada, sin compensar los terribles costos económicos, ecológicos, sociales y culturales que causa.

No ha dejado de haber respuesta a esta situación, proveniente de grupos ecologistas y pro-indígenas venezolanos, organizados en 1995 en la Coordinadora Nacional Contra la Minería, la cual a través de diversas acciones, documentos y declaraciones ha tratado de alertar sobre el problema. Claro está que los amos del poder y de los grandes medios de difusión han querido minimizar esta voz disidente e imponer un supuesto acuerdo de la opinión "respetable" del país con las maravillas que anuncian los empresarios mineros y sus compinches gubernamentales. Con todo, se ha logrado al menos abrir algún nivel de concientización y debate respecto al asunto entre quienes están interesados en la problemática ecológica e indígena, obligando inclusive a que los responsables del guiso sean mas cuidadosos. Por ello, hemos visto como desde fines de 1994 se paralizó la entrega de concesiones, y el Procurador General de la Republica hasta asomó que podría anularse por ilegal todo ese proceso. Creemos que esto no significa que el gobierno de Rafael Caldera pretenda echar atrás la apertura neoliberal en la minería del oro, sino que son maniobras de distracción para adormecer a potenciales opositores y para amarrar bien un negociado que promete ser tan rentable para quienes lo auspician como catastrófico para el ecosistema de la Amazonía venezolana.

(CORRE@ # 28, pp. 6-7; noviembre 1995)

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