¿Qué pasa con el tendido eléctrico hacia Brasil?

. . .
NELSON MÉNDEZ

[Publicado el 25 de enero de 2001 en http://www.analitica.com/BITBLIO/nelson_mendez/]

Desde comienzos de 1998, un conflicto se ha desarrollado en el suroeste de Venezuela, referido a la construcción de la línea de transmisión eléctrica que partiendo desde la central hidroeléctrica Macagua II, cerca de Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar, llega hasta Boa Vista, capital del Estado de Roraima en la frontera norte de Brasil. Esto ha implicado deforestación, movimientos de tierra y edificación de instalaciones que afectan unas 1600 hectáreas de territorio venezolano, pues el trayecto del tendido (que comprende ubicación de torres, construcción de subestaciones y corredor de servicios) atraviesa con una franja ininterrumpida de 140 metros de ancho la región que va entre sus puntos de origen y destino.

En el lado venezolano, ese trayecto pasa por tres áreas que el propio régimen legal vigente en el país ha considerado que deben ser especialmente protegidas: la Reserva Forestal de Imataca, el Parque Nacional Canaima y la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar. Tal protección especial obedece a las condiciones particulares de biodiversidad, recursos hídricos, topografía y geología que hacen del flanco norte de la selva amazónica —la región de Guayana— un auténtico patrimonio natural del planeta, donde cualquier intervención de la tecnología moderna debe ser vigilada cuidadosamente, por su potencial efecto nocivo en un ámbito natural insustituible para el cual no está diseñada. En este sentido, el tendido eléctrico tiene implicaciones peligrosas desde todo punto de vista. Aquí se trata de deforestar no solo en los bosques de la Reserva de Imataca y de la Sierra de Lema (sobre los cuales penden amenazas de explotación aurífera muy destructiva), sino que la trocha se extiende por las nacientes de los ríos Karuaí, Aponguao y Carrao, todos ellos afluentes importantes del río Caroní. Abrir allí una cicatriz de 140 metros de ancho y más de 440 kilómetros de largo tiene un impacto ambiental que no se puede aún determinar con exactitud debido al mismo desconocimiento que se tiene acerca de la zona, pero respecto al cual precedentes similares indican que la devastación sería enorme, más aún si consideramos la incapacidad sin par del Estado venezolano para hacer cumplir a otros y a sí mismo las regulaciones de protección ambiental.

Por si fuera poco, ni las comunidades indígenas (esencialmente de la etnia pemón) ni los habitantes criollos del sur de Bolívar fueron tomados en cuenta por este proyecto, sobre el cual no se les hicieron consultas previas y se les quisieron imponer hechos consumados, llegando al extremo de hacer pasar el tendido eléctrico por diversas poblaciones, originando una seria amenaza para la salud y la seguridad de la gente que allí vive. Las numerosas picas y caminos necesarios para la construcción y mantenimiento de la obra son otros tantos riesgos para la conservación de hábitats y recursos invalorables. Agréguese a lo anterior que el trazado de la línea tiene un impacto visual y paisajístico tan negativo que hasta las empresas ligadas al turismo en la zona se unieron a la protesta general.

La decisión sobre tal intervención funesta deriva del contrato que firmaron en 1997 dos empresas estatales de electricidad, Edelca de Venezuela y Electronorte de Brasil. En ese acuerdo la empresa venezolana se compromete a realizar el tendido por 90 millones de dólares, para vender durante 10 años a su contraparte brasilera el kilovatio-hora por 9 bolívares, cuando en Venezuela se estaba pagando en 1998 hasta 39 bolívares por el kilovatio-hora. Se impone destacar la continuidad que en relación a este asunto han tenido los gobiernos de Caldera y Chávez, con la paradójica circunstancia de que ahora los principales defensores del proyecto desde el poder son algunos de los que hasta febrero de 1999 eran vociferantes adversarios.

Con esta actitud, el Estado venezolano se asocia al sostenido esfuerzo depredador que el Estado brasileño y empresas transnacionales vienen realizando en el norte de la Amazonía. Desde hace tiempo, pero particularmente en años recientes, los pretextos de «apoyar la integración binacional» y «desarrollar las fronteras comunes» han servido para justificar convenios que facilitan tanto el saqueo a bajo coste las riquezas naturales amazónicas como desaguar en esa región las tensiones sociales que se padecen en las zonas más densamente pobladas de Brasil. Por supuesto, las víctimas fundamentales de ese proceso son el medio ambiente destruido irreversiblemente, los indígenas exterminados sin piedad, y los «caboclos», mestizos pobres que son carne de cañón para la guerra contra la Amazonía. Los que ganan son los mismos factores de poder político y económico, brasileros y transnacionales, que desde hace tres decenios han destruido la mayor selva tropical lluviosa del planeta a una tasa de deforestación, medida por satélite, de 5 hectáreas por minuto.

Por otra parte, este proyecto es parte de la estrategia por crear las condiciones más favorables a las empresas de explotación minera y forestal que el gobierno venezolano desea atraer al centro y sur de la Guayana venezolana, y no sólo para asegurarles energía barata, sino en cuanto a servir de termómetro para medir la reacción que esta clase de iniciativa genera entre los indígenas, los grupos ecologistas y la población en general. Salirse con la suya en esto significará avanzar en una política más agresiva en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales de la región, dejando de preocuparse tanto por mantener las apariencias en lo que concierne al denominado desarrollo sustentable o sostenible, coartada al uso en los últimos tiempos que ya luce contradictoria viendo las intenciones abiertamente ecocidas de los factores estatales y económicos involucrados.

El gobierno de Caldera intentó justificar sus prisas en esta iniciativa por supuestos «daños económicos» para la nación si se incumplía lo convenido, pero su debilidad política y la circunstancia de hallarse en su último año - además, en medio de un movido proceso electoral - impuso que tuviese que dejar la conclusión del tendido al siguiente equipo gobernante, que resultó ser el encabezado por el candidato que más abiertamente se refirió al asunto y prometió detener su construcción. El discurso de Chávez fue cambiando una vez estuvo en la presidencia, así que para fines de 1999 los gobernantes de la V República dejaban clara su intención de concluir los trabajos del proyecto. Para justificar el cambio de actitud se alegó una reformulación de lo pautado bajo Caldera, por lo que ahora si se tendría muy en cuenta minimizar los riesgos ecológicos, económicos y sociales que pudiese acarrear la obra. Lo cierto es la obra siguió en marcha igual y los supuestos cambios no se vieron en ninguna parte.

Pero lo que no estaba en el libreto tecnocrático eran la magnitud y persistencia que tendría la oposición frente a este proyecto. Allí se hizo presente el activismo de los grupos ecologistas - coordinado a través de la Coalición Contra el Tendido Eléctrico hacia el Brasil -, pero el papel predominante lo han tenido los habitantes del área afectada, en particular los indígenas pemones. El esfuerzo de esta oposición logró que el problema comenzará a tener cierta relevancia ante los medios de difusión y la opinión pública nacional, con el resultado inicial de impedir que la línea se concluyese con la celeridad y discreción que los poderes interesados hubiesen deseado.

Como ya apuntamos, las circunstancias políticas de 1998 y principios de 1999 impidieron un compromiso oficial más firme con el tendido eléctrico, pero la consolidación del gobierno chavista le permite retomar la conclusión del proyecto con un piso más sólido que su antecesor, ya que incluso ahora contaba con la división de los opositores del tendido, pues algunos de los más destacados estaban comprometidos con el nuevo grupo en el poder y empezaron a convencer a los pobladores de la zona respecto a que los «compatriotas» al mando decidirían lo mejor para el país y para Guayana. Como esto no dio los resultados esperados en cuanto a acallar las protestas y liquidar su base social en la zona, se recurrió al clásico repertorio de sobornar con cargos y recursos a dirigentes y organizaciones indígenas, descalificar - o hasta criminalizar - a la oposición acusándola de «agente de intereses foráneos» (antes era «el extremismo izquierdista», ahora son «los reaccionarios externos y sus sirvientes internos»), y al acoso policial-militar, iniciado en enero de 2001 con la ocupación de los poblados de la Gran Sabana donde se venía manteniendo con más firmeza la protesta indígena.

Pero con todo la pelea contra el tendido eléctrico se sigue dando, con expresiones a través de los medios de difusión, en recursos legales, en manifestaciones y en la acción directa de las comunidades afectadas para detener la obra. Para esa lucha es importante informar sobre sus razones y, más aún, ganar solidaridades activas dentro y fuera de Venezuela; por ello hemos escrito estas líneas...

Más información y contactos sobre el tema en los websites:

Carta de caciques y miembros de las comunidades indígenas al Presidente Chávez http://csf.colorado.edu/mail/elan/2000/msg00847.html

Comunicado de la Coalición Contra el Tendido Eléctrico hacia Brasil http://csf.colorado.edu/mail/elan/2000/msg00850.html

Comunicado de AMIGRANSA «La Gran Sabana herida de muerte» http://csf.colorado.edu/mail/elan/2000/msg00859.html

Declaraciones de A. Luzardo al diario El Expreso de Ciudad Bolívar http://csf.colorado.edu/elan/2000/msg00862.html

Artículos: «Guayana va a la silla eléctrica», «Guayana: nuevos retos, viejos ecocidios», «Las miserias del tendido eléctrico» y «Chávez miente», publicados en El Libertario y accesibles en www.geocities.com/samizdata.geo/LIB.html

. . .